Algunos empleados denuncian en los tribunales que las empresas les están pagando por debajo de lo que pactaron con el ayuntamiento
Compromís per Orpesa exige al equipo de gobierno que tome medidas en el conflicto entre las empresas concesionarias del servicio de ayuda a domicilio y los trabajadores. Algunos de los empleados que atienden a las personas mayores y dependientes de la localidad han presentado demandas judiciales contra las empresas porque, según aseguran, están cobrando por debajo de la cantidad mínima convenida en el contrato firmado con el ayuntamiento.
El portavoz adjunto de Compromís, Josep Lluís Romero, emplaza al alcalde a “asegurar que las empresas concesionarias cumplen escrupulosamente la legalidad vigente”. “Es inadmisible que unas empresas con las que el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo traten de esta manera a sus trabajadores hasta el punto de que se ven obligados a recurrir a los tribunales”, señala Romero, quien sostiene que “el alcalde está obligado a tomar cartas en el asunto. No puede quedarse cruzado de brazos”.
El grupo municipal de Compromís ha preguntado a la máxima autoridad local a través de los cauces oficiales si el ayuntamiento “cuenta con algún mecanismo apropiado de control para evitar este incumplimiento de contrato” y para asegurarse, asimismo, de que las firmas concesionarias ofrecen un servicio de calidad. Quieren saber si el ayuntamiento tiene constancia de que las empresas “están observando las medidas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas en la legislación”, si la calidad de los servicios prestados a los vecinos es la adecuada y si el personal contratado “ha recibido la formación correcta para desarrollar un trabajo con un sector de la población tan vulnerable”.