La sentencia judicial 1102/2018 condena al Ayuntamiento de Orpesa a pagar 974.942 euros por el impago de unas facturas correspondientes al mantenimiento de jardines en 2014. El juzgado no hace sino que ratificar los informes de los técnicos municipales y del Consell Jurídic Consultiu, que avalan que deben abonarse.

Pese a ello, el Batlle Albert no se atrevió a hacerlo, ante la inminencia de las elecciones municipales de 2015 y para evitar dejar en entredicho su sobrenombre de “la calculadora humana”. Por eso y porque hubiera quedado como, lo que es, un gestor imprudente de lo público; un gestor que asigna a dedo contratos, saltándose para ello todos los procedimientos, como el servicio de mantenimiento de jardines.  Por ello y para evitar esa mala publicidad decidió no pagar esos 974.942 euros.

La empresa adjudicataria del servicio y acreedora del pago llevó el caso a la Justicia y el resultado del pleito es una condena al Ayuntamiento de Orpesa que debe abonar la cantidad citada, además de las costas judiciales de las dos partes litigantes lo que eleva el montante a pagar, habida cuenta de que los abogados cobran por porcentaje y fácilmente habrá que sumar al casi millón de euros reclamado, otros 50.000 euros más  a los que se han de añadir los intereses legales correspondientes del 3

Que os quiero comentar, las facturas son del año 2014, en este año había informes técnicos municipales y del Consell Jurídic Consultiu que avalan que se pagaran. Pero el Batlle Albert no se atrevió a hacerlo, porque es un gestor que tiene el sobrenombre de la calculadora humana y de ser un buen gestor, y porque en 2015 había elecciones municipales y hubiera quedado con lo que es, un Batlle imprudente que da a dedo saltándose TODOS los procedimientos 974.942 euros de forma ilegal. Y para evitarse esta mala publicidad decidió no pagar esta cantidad astronómica. La empresa continúo pleiteando, y nos han condenado a pagar 974.942 euros, a los que hay que sumar las costas de las dos partes en litigio, lo que elevara la cantidad a pagar de forma considerable, los abogados cobran por la cantidad del pleito, los que fácilmente sumara 50.000 euros más. A lo que tenemos que sumar el 3 por ciento de los intereses legales correspondientes. Lo que supondrá entre 120.000 y 150.000 euros más.

Todo esto llega, de nuevo, en vísperas de una nueva cita electoral para renovar el gobierno municipal. Estamos como hace cuatro años, el alcalde debe decidir si abona las facturas con costas judiciales e intereses añadidos o recurre a instancias judiciales superiores. Y, ¿saben qué ha decidido hacer nuestro Batlle Albert? Pue sí, eso mismo. Va a recurrir para no ver manchada su imagen de gestor. Eso sí, si el tribunal vuelve a fallar en contra del consistorio, los orpesinos deberemos abonar más costas judiciales y otro 3% más por los intereses legales pertinentes. Y todo sale de los bolsillos de unos ciudadanos cada vez más afectados por la presión fiscal y por la difícil situación económica, de la que no escapa el municipio. Y todo porque tenemos un Batlle irresponsable que solo quiera tapar sus contrataciones ilegales a dedo, para que nuestros vecinos/as no conozcan su verdadera faceta de pésimo gestor de lo público.

Desde Compromís estamos vigilantes y pendiente de todo el procedimiento y cuando se produzca la sentencia definitiva actuaremos en consecuencia. Así, como ya hicimos en los casos de los edificios Portomar y Bernat, pediremos que se asuman responsabilidades, y no las políticas sino las patrimoniales, porque el Batlle Albert ni tiene vergüenza ni la conoce. Porque es injusto que los vecinos/as de Orpesa tengan que pagar de su bolsillo las contrataciones ilegales del Batlle Albert y los gastos que el impago de las mismas y las reclamaciones judiciales da la empresa afectada ocasionan.