Romero reclama que no sean vecinos de Orpesa quienes paguen otro “empastre urbanístico”
El concejal enmendó la propuesta de acuerdo de gestión directa plantada por el PP para acabar la urbanización
El grupo municipal de Compromis del Ayuntamiento de Orpesa ha llevado al pleno de hoy, jueves, una enmienda para exigir responsabilidades al alcalde Popular, Rafael Albert, y a los funcionarios que han propiciado que el consistorio deba asumir 841.702 euros por la urbanización de Portocala, al no exigirle al agente urbanizador el cumplimiento de la normativa municipal. La propuesta que llevaba el PP se ha retirado para hacer un informe jurídico por la enmienda de Compromís y se tratara en un próximo pleno.
El concejal de Compromis, Josep Lluís Romero, considera que ha de ser el alcalde y, si cabe, el o los funcionarios que hayan podido tener responsabilidades en la supervisión del proceso urbanizador de Portocala, porque “los vecinos de Orpesa no tienen por qué pagar otro empastre urbanístico”. Para ello, Compromís enmendaba la propuesta de acuerdo de gestión directa propuesta por el equipo de gobierno del PP, con el fin de que el consistorio acabe la urbanización de Portocala.
Compromís recordó en su enmienda que los vecinos del PAI la Colomera han contratado servicios básicos como luz y agua, al habérseles concedido indebidamente la cédula de habitabilidad, sin que el Ayuntamiento de Orpesa exigiese al agente urbanizador el cumplimiento de las condiciones que el mismo consistorio impone para conceder las licencias de obras (1)
Así –recoge el texto de la enmienda de Compromís- el Ayuntamiento, que hace la vista gorda, ha generado una situación que no se habría dado si el gobierno municipal y los funcionarios municipales no hubiesen otorgado las licencias de edificación hasta no haber recibido la urbanización, denegando también las cédulas de habitabilidad hasta que no se hubiera acabado la urbanización.
Además del incumplimiento del condicionante de las licencias de obras, según consta en el expediente del PAI la Colomera, el agente urbanizador tiene pendiente de pago 1.687.675 euros, desglosados en los 229.833 euros que debe abonar a la Epsar, los 1.380.088 euros correspondientes a la amortización de la parte proporcional de la desaladora y otros 77.754 euros para afrontar las deficiencias imputables al agente urbanizador.
Para afrontar el pago de 1.687.675 euros pendientes, el consistorio sólo dispone de un aval por 845.702 euros, la mitad del total adedudo, depositado en Bankia por el agente urbanizador. Por ello deberá afrontar el pago, con cargo a fondos públicos, de los otros 841.702 euros.
Por ello, el Grupo Compromís pide que se incoe un expediente con audiencia a todos los interesados – a los funcionario/os que informaron favorablemente el otorgamiento de la cédula de habitabilidad incumpliendo la licencia de obras y al Alcalde/sa que la concedió- por resolución de Alcaldía. Con la finalidad de establecer las posibles responsabilidades, si procede, al funcionario/os y al Alcalde/sa a fin de que en su día responda personalmente de los perjuicios causados al Ayuntamiento y que originaron un alcance a día de hoy de 841.702.
Con la enmienda defendida por Romero se buscaba que los responsables abonasen de su bolsillo este dinero, para que no recaiga sobre los ciudadanos/nas, puesto que el dinero que tendría que destinarse a mejorar la calidad de vida de los vecinos/nas de Orpesa acabará destinándose a pagar indemnizaciones derivadas de una negligencia técnica y política mayúscula.
(1)Por parte del Ayuntamiento de Orpesa, en las licencias de obras concedidas del PAI la Colomera, se exige el siguiente condicionante:
“Deberá presentar compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización y de incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble. Dicho compromiso deberá hacer constar en las escrituras de declaración de obra nueva en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban de acuerdo con el artículo 73.2 de la lrau”.